En la práctica, estos son algunos de los casos donde la traducción automática suele fallar:
● Términos jurídicos que no tienen equivalencia directa, pero que la IA “resuelve” igual, generando falsos sentidos.
● Figuras societarias que existen en un país y no en otro, y requieren adaptación conceptual, no literal.
● Actas y estatutos donde una palabra mal elegida puede cambiar el alcance de una obligación.
● Contratos donde el contexto normativo local es clave para interpretar correctamente una cláusula.
La IA no distingue jerarquías normativas, no evalúa consecuencias legales ni se hace cargo del resultado final.
🧠 Traducir también es entender el sistema
Por eso, estudiar Derecho se volvió un complemento central en mi trabajo como traductora.
No para “traducir leyes”, sino para comprender el sentido profundo de cada documento:
cómo se estructura, qué función cumple, qué riesgo hay si algo se interpreta mal.
En textos legales, traducir no es reemplazar palabras.
Es asumir la responsabilidad de trasladar un sentido con impacto real.
🔍 El criterio no se automatiza
La tecnología es una gran aliada cuando se usa bien.
Pero delegar completamente el criterio profesional en una herramienta o contratar un traductor sin tener en cuenta su experiencia en traducciones jurídicas es asumir un riesgo sin advertirlo.
En entornos jurídicos y corporativos, la pregunta no debería ser:
“¿Cuánto sale la traducción?”
Sino:
“¿Quién se hace responsable si algo sale mal?”
Con más de 40 años de trayectoria en traducciones jurídicas, trabajo en portugués, italiano e inglés, siempre con la responsabilidad profesional que estos textos requieren.
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